La existencia de una política de salario mínimo en Chile data desde hace casi 90 años. Su permanencia en el tiempo se puede entender como un mecanismo de protección de los trabajadores, especialmente de aquellos con menores cualificaciones. En términos estadísticos, alrededor de 800 mil personas en Chile reciben este nivel de salario como compensación por su labor, los cuales cuentan con escolaridad básica o media. Actualmente, el incremento del salario mínimo propuesto por el ejecutivo fue aprobado por la Cámara de Diputados, quedando pendiente su aprobación por parte del Senado. No obstante, surgen varias preguntas, tales como ¿es éste salario mínimo adecuado? ¿son los incrementos anuales propuestos suficientes? ¿cómo afectará al mercado?
Al hacer propuestas de reajuste salarial, lo primero, es no caer en la ilusión nominal. Cuando hablamos de pasar de $350.000 en enero de 2022 a $380.000 en mayo y luego en agosto a $400.000, no significa que se tendrá un incremento real total de $50.000. Se debe considerar el costo de la vida, es decir, lo que las familias son capaces de comprar con ese incremento salarial. Así, en realidad lo que importa es si el incremento propuesto supera la variación experimentada por los precios. Actualmente, estamos ante un escenario inflacionario muy desfavorable, con una tasa de inflación acumulada en lo que va del año de 4,8%, sobrepasando los dos dígitos en los últimos 12 meses. Este escenario empujó al ejecutivo a condicionar un nuevo incremento en caso de que la tasa de inflación anual se sitúe sobre el 7%, lo que a estas alturas parece más que probable. Es así que el anuncio de 14,3% de incremento en el salario es solo nominal, y se debe considerar el incremento en la tasa de inflación.
Un segundo tema importante es si las empresas serán capaces de hacer frente a este incremento salarial. Cerca del 70% de las personas que reciben el salario mínimo trabaja en MiPymes, las que han sido fuertemente afectadas estos dos últimos años, primero por el estallido social y, luego, con la pandemia. De ahí que es crítico establecer políticas adicionales para evitar incrementos en los niveles de desocupación por la incapacidad de hacer frente a este salario mínimo, tema que centrará el debate en el Senado.
Finalmente, algo que ha concitado menor nivel de discusión y que es también muy relevante de discutir, es analizar qué ocurre con el resto de los trabajadores, es decir, aquellos que hoy reciben más que el salario mínimo. Muchas empresas están reajustando solamente de acuerdo al IPC, lo que claramente desfavorece a esos trabajadores, sobre todo a aquellos que hoy reciben poco más que el salario mínimo. Es por ello que políticas de reajuste salarial deben considerar, no solo la variación del IPC en el último periodo, sino que también, ir alineadas con los cambios en productividad promedio y, en general, con la realidad económica del sector.
