Llegó mayo y comenzaron los planteamientos de cuál debe ser el nuevo monto del salario mínimo. Para ello, los argumentos no faltan: que el precio de los alimentos ha aumentado más que el IPC, que el pleno empleo como platean algunos es una buen señal, otros que puede dañar la creación de empleos aumentarlo significativamente, etc., y así escuchamos tesis a favor o en contra de modificar el salario mínimo. Sin embargo, no hemos escuchado a las PYMES que generan un alto porcentaje del empleo en este país.

Lo primero, y lo más importante, es decir claramente que el salario mínimo afecta al mercado del trabajo con baja calificación, y por ende, de fácil sustitución entre trabajadores.  En este sentido, creo que la discusión se debe dar en dos frentes, uno de mediano plazo y otro de largo plazo.

Quizás, más que hablar de un salario mínimo, deberíamos hablar de un ingreso mínimo familiar, es decir, debemos generar las condiciones para que los trabajadores de más baja calificación, por un lado, accedan a servicios dignos de salud, educación, vivienda, etc., ya que con un ingreso alto, pero servicios caros, el poder adquisitivo  de las personas disminuye considerablemente. Por otro lado, puedan recibir formación para que sean más productivos y ver aumentado sus salarios en el mediano plazo. Apoyado en generar las condiciones para incrementar de manera adecuada la participación laboral femenina (un segundo ingreso formal en una familia, desde mi punto de vista, es muy potente).

En el largo plazo, los objetivos deben ser otros. Uno de ellos es mejorar el nivel y el acceso a la educción, desde pequeños, para que todos puedan en el futuro optar a  salarios más altos (sólo entre la educación técnica y la educación secundaria el salto es al menos de $100.000 de mayor ingreso, ni hablar al comparar con la educación universitaria). Esto debería generar mayor dinamismo en el mercado laboral, ya que una fuerza de trabajo más calificada implicará un mayor nivel de productividad de las empresas.

Por último, se debe tener claro que las regiones de nuestro país y su dinámica son distintas (y los salarios deben reflejar todos esos costos de transacción), porque han tendido a especializarse en sectores económicos que tiene desempeños distintos y eso afecta directamente el mercado del trabajo. En esta línea se debería generar políticas públicas descentralizadas que permitan a las regiones decidir sobre cómo y de qué manera potencian su crecimiento y desarrollo (no todos tienen que hacer todo), generando las instancias para desarrollar y retener al capital humano y, así, evitar la fuga de empleo calificado a las regiones mineras o a la Región Metropolitana.